Luego de los diversos impases protagonizados por las autoridades regionales y la prefecta de Junín, Georgina Duarte, en las reuniones de la Plataforma Regional Multisectorial Covid-19; alcaldes provinciales y distritales, subprefectos y el mismo gobernador regional, Fernando Orihuela, decidieron pedir la remoción inmediata de la prefecta regional, acusándola de generar conflictos sociales al interior de la región Junín.
Los que impulsaron esta cruzada son los subprefectos de las provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja y Satipo, quienes el pasado martes 11 de agosto, a través de un memorial, pidieron al ministro del interior, Jorge Montoya, la remoción de Georgina Duarte Patiño de Pezet del cargo de prefecta regional de Junín, por haber cometido faltas graves durante su gestión.
Duarte, quien fue designada en el cargo el último 27 de febrero, fue acusada en el documento de cometer abuso de autoridad, incumplir el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Mininter, desconocer sus funciones, falta de interés y atención a los conflictos sociales, mala comunicación, comportamiento déspota y agresivo, entre otros.
Además, las autoridades y funcionarios que enviaron el documento aseguraron que la actual prefecta regional no radica de manera permanente en Junín por lo que es difícil ubicarla en su despacho. “Alude que se encuentra en la capital realizando gestiones, y que a la fecha damos fe que es falso”, señala dicho memorial.
Por otro lado, el documento indica que durante todo el mes de marzo, momento crítico por el inicio de la pandemia del covid-19 en nuestra región, Georgina Duarte se habría negado a aceptar los informes de los subprefectos provinciales, aduciendo que su oficina se había inundado de roedores y además, les habría prohibido tajantemente el izamiento del Pabellón Nacional en el día de la bandera en el mes de junio.
Como si todas las acusaciones anteriores no fuesen suficientes, los solicitantes también aseguran que los “desmedidos” comentarios de la prefecta, sobre el uso de presupuesto del IREN Centro de Concepción para la lucha contra el covid-19, originaron conflictos dentro de la provincia. “Levantó a su población en contra del Gobierno y la autoridad política de turno, quien tuvo la ardua tarea de aclarar el tema a pesar de las amenazas y riesgos de integridad física”, señala el documento.
Finalmente, los subprefectos provinciales informaron que tomaron la decisión de no acatar las disposiciones de la Prefectura de Junín por estar desacreditada moralmente, y también recomendaron una evaluación psicológica de Duarte, por no tener una “personalidad estable”.
El documento fue firmado por los subprefectos de las provincias de Huancayo (Katty Gamarra), Chupaca (Moisés Torres), Concepción (Delfina Chávez) y Jauja (José Antonio Remuzgo), por los alcaldes provinciales de Huancayo (Juan Carlos Quispe), Concepción (Benjamín De la Cruz) y Jauja (César Dávila), alcaldes distritales de El Tambo (Carlo Curisinche) y Chilca (Carlos De la Cruz), y el mismo gobernador regional Fernando Orihuela.
