Juanito Eduardo Barzola Hilario (32), principal sospechoso del feminicidio de su conviviente de 16 años, quien además estaba embarazada, fue capturado este martes por la tarde en las inmediaciones del Mercado Modelo de Huancayo. La aprehensión fue realizada por efectivos de la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras permanecer prófugo desde junio de 2024.
LOS HECHOS. Según la tesis fiscal, el crimen ocurrió el 17 de junio de 2024, luego de que la pareja visitara la casa de la abuela del imputado en el anexo de Quishuarcancha, distrito de Tunanmarca. Al día siguiente, la joven y el presunto feminicida regresaban a su domicilio en el distrito de Marco, provincia de Jauja, a bordo de una camioneta.
Durante el trayecto, una discusión por celos derivó en que ambos descendieran del vehículo a la altura del paraje Ishphacucho, colindante con Tunanmarca. En ese lugar, Barzola Hilario habría agredido a la menor con una piedra, provocándole graves lesiones en la cabeza, pese a su avanzado estado de gestación. Posteriormente, abandonó el cuerpo y se dio a la fuga.
MANDATO JUDICIAL Y RECLUSIÓN. Tras intensas investigaciones, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Jauja solicitó prisión preventiva contra el imputado. En octubre de 2024, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Jauja aprobó la medida por nueve meses, al encontrar fundados y graves elementos de convicción que vinculaban a Barzola Hilario con el delito de feminicidio.
El sospechoso, detenido este martes, ha sido trasladado al penal de Huamancaca Chico, donde cumplirá con el mandato judicial mientras continúa la etapa de investigación preparatoria. La fiscal Rocío Castillo Jiménez, encargada del caso, busca reunir las pruebas necesarias para formular la acusación y llevar el caso a juicio.
UNA VIDA SEGADA. Este caso de feminicidio se suma a las alarmantes cifras de violencia contra la mujer en el país, en un contexto donde se exige mayor celeridad y efectividad en la administración de justicia para garantizar la protección de las víctimas y sancionar a los responsables.
