En medio de denuncias por intoxicación de escolares y protestas en la región, el Lic. Miguel Murillo Paredes, jefe de la Unidad Territorial Junín del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, presentó su renuncia el miércoles 9 de abril.
Su dimisión ocurre luego de que el martes 8 de abril, once niños de entre 8 y 9 años de la institución educativa 30071 “Luis Maraví”, en el distrito de Chupaca, fueran trasladados de emergencia al hospital Pedro Sánchez Meza por presentar graves dolores estomacales, vómitos y mareos, presuntamente tras consumir alimentos del programa social.
Según denunciaron los padres de familia, los menores comieron un guiso de habas con atún durante el desayuno escolar, como parte del menú distribuido por Wasi Mikuna.
“Mi hijo y sus compañeros comenzaron a sentirse mal después de educación física. Decían que les dolía el estómago, algunos vomitaron. Nos asustamos mucho”, declaró una madre de familia visiblemente afectada.
Desde el hospital Pedro Sánchez, el médico de guardia Miguel Piñas indicó que ocho de los menores presentaron los síntomas más severos, aunque todos fueron estabilizados. Los niños, aún en recuperación, relataron que sintieron los primeros malestares poco después del consumo de los alimentos.
Tras la alerta, la Red de Salud de Chupaca dispuso la inmediata inmovilización de los alimentos entregados por el programa para realizar pruebas de laboratorio y determinar el origen de la posible intoxicación.
Ante la preocupación, padres de familia exigieron suspender la distribución de alimentos de Wasi Mikuna hasta garantizar su inocuidad. “No podemos seguir arriesgando la salud de nuestros hijos. Queremos respuestas y responsables”, expresó otra madre.
El jueves 11 de abril, más de 80 trabajadores del programa Wasi Mikuna en Junín realizaron un plantón en los exteriores de su sede, denunciando que perderán sus empleos tras el anuncio del cierre del programa por parte de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga.
Los manifestantes pidieron la renuncia de la ministra y defendieron la continuidad del programa, asegurando que la responsabilidad no recae en los trabajadores ni en el modelo de atención alimentaria, sino en factores externos como una posible mala manipulación o fallas de los proveedores.
Miguel Ospinal, coordinador del sindicato regional, señaló que todos los productos distribuidos pasan por un control de calidad previo, realizado por las empresas proveedoras, y que organismos como SENASA y SANIPEZ son los encargados de supervisar productos como el atún enlatado, el principal señalado como causa
