Arturo Cárdenas Tovar, conocido como ‘Pinturita’ y uno de los rostros más visibles del entorno de Vladimir Cerrón, abandonó el penal Ancón I tras más de tres años de prisión preventiva. No fue absuelto, no se le retiraron los cargos: simplemente se venció el tiempo que la ley permite mantener a alguien detenido sin sentencia.
La decisión fue adoptada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien reconoció que, aunque las sospechas sobre su rol en la red criminal ‘Los Dinámicos del Centro’ se mantienen, el sistema judicial no logró emitir una sentencia en los más de 40 meses que tuvo para hacerlo. En otras palabras, el Estado no cumplió con su parte del proceso.
Ahora, Cárdenas Tovar enfrentará el juicio en libertad, bajo medidas restrictivas. Su caso, al igual que el de Eduardo Reyes Salguerán —otro implicado en esta presunta red de corrupción— vuelve a encender la alarma sobre las limitaciones del sistema anticorrupción en Perú: se investiga, se acusa, se detiene… pero no se sentencia a tiempo.
La Fiscalía sostiene que esta organización mafiosa operó desde las oficinas de Transportes del Gobierno Regional de Junín, convertidas en un centro de operaciones para otorgar licencias a cambio de coimas, repartir puestos públicos a militantes de Perú Libre y financiar, con esos recursos, el aparato político de Cerrón.
Aunque el proceso judicial continúa, la excarcelación de figuras clave como Cárdenas —considerado el brazo político de Cerrón— ocurre en medio del inicio del calendario electoral. ¿Podrán candidatos con investigaciones abiertas volver a postular? ¿La impunidad se convierte en estrategia?
Lo cierto es que, más allá del tecnicismo legal, el mensaje es claro: en el Perú, los tiempos de la justicia muchas veces juegan a favor de quienes más deberían temerle.
