El exgobernador regional de Junín y candidato presidencial, Vladimir Cerrón, presentó una demanda civil contra el Estado peruano solicitando una indemnización de 8 millones 600 mil soles, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales y su participación política.
La acción legal fue interpuesta por su defensa ante los juzgados civiles de Junín y está dirigida de forma solidaria contra el Poder Judicial del Perú, el Ministerio Público del Perú y la Contraloría General de la República del Perú, entidades que serán representadas por sus respectivas procuradurías.
El abogado Julián Palacio explicó que el recurso se sustenta en presuntos daños ocasionados por decisiones judiciales que, según la defensa, afectaron la trayectoria política del líder del partido Perú Libre. Entre los argumentos se incluyen daño moral, lucro cesante y daño emergente.
De acuerdo con el equipo legal, los procesos judiciales habrían impedido que Cerrón continúe ejerciendo funciones como autoridad regional y posteriormente limiten su participación en procesos electorales de alcance nacional.
Durante la presentación de la demanda, Bertha Rojas, madre del exgobernador y también integrante de la fórmula presidencial del movimiento político, señaló que el perjuicio causado sería de gran magnitud y aseguró que agotarán todas las instancias legales para obtener una reparación.
La defensa calificó el caso como un presunto escenario de persecución política o “lawfare” y advirtió que, de no obtener un fallo favorable en el país, acudirán a tribunales internacionales.
Asimismo, indicaron que el documento judicial supera las 90 páginas e incluye diversos medios probatorios. Entre los principales sustentos se encuentran procesos que fueron anulados por el Tribunal Constitucional del Perú, los cuales forman parte central del pedido de compensación económica presentado por el exgobernador.
