A través del Decreto Supremo N° 082-2025-PCM, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en los distritos de Pangoa y Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín. La medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se toma en respuesta a la creciente presencia de bandas y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que operan en la zona, según informes oficiales.
Durante el periodo de emergencia, el control del orden interno estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto implica la restricción o suspensión temporal de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución.
No obstante, el decreto excluye expresamente de esta medida a los centros poblados Puerto Ocopa y Quiteni del distrito de Río Tambo, así como al denominado “Corredor Operacional Fluvial – Terrestre del Ene”, ubicado a lo largo del río Ene. Una decisión que genera interrogantes: ¿por qué zonas críticas como estas quedan fuera del ámbito de intervención?
El Gobierno precisa que las operaciones policiales y militares deberán ceñirse estrictamente a los marcos legales que regulan el uso de la fuerza, incluyendo el protocolo de actuación conjunta del Estado para contextos de intervención a personas vulnerables, aprobado por el MIMP en 2023.
La situación en la selva central vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural: la ausencia crónica del Estado en territorios donde la economía ilegal ha echado raíces profundas. Mientras tanto, la población vive entre el miedo, el olvido y la incertidumbre.
