Fuente: InfoActiva
Un informe de Proética revela que, mientras en la sierra central se normaliza el empleo informal y el pago de coimas;en la selva, las cifras de acoso superan el promedio nacional en medio de una crisis de derechos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción 2025, la corrupción impacta la vida del 87 % de la ciudadanía y el Congreso es percibido como la institución más corrupta (85 %). Este escenario ha provocado un cambio drástico en las expectativas sociales: la ciudadanía ha relegado soluciones a largo plazo como la educación en valores —cuya prioridad cayó del 49 % al 31 %— para exigir ahora «medidas de castigo inmediatas», como el incremento de penas.
La situación es crítica en la Macrorregión Centro, que incluye a Junín, donde el 99 % de los encuestados considera que las economías ilícitas se han convertido en la única alternativa de trabajo, y el 45 % admite haber tenido contacto con sobornos. Al respecto, el informe señala que la ineficiencia del Estado funciona como un catalizador para la corrupción a pequeña escala, impulsada por la creencia de que «si no pagas, las cosas no funcionan».
En la Macrorregión Oriente, que abarca a Loreto, expone una grave crisis social: el 17 % de su población reporta haber sido víctima de corrupción sexual, un delito en el que los funcionarios exigen favores de índole sexual a cambio de agilizar trámites. Paradójicamente, a pesar de estas cifras alarmantes, es la zona donde menos se percibe el daño directo de la corrupción en la vida cotidiana (77 %), lo que sugiere que este tipo de abuso se ha normalizado silenciosamente enla rutina de la selva.
